Coordinación de Parentalidad

Coordinación de Parentalidad

El Coordinador de Parentalidad es una nueva figura, que funciona como un recurso de auxilio judicial orientado exclusivamente a la defensa del interés del menor (esta figura se conoce también como el «abogado de los niños»)

En los últimos años, debido al incremento significativo de separaciones y divorcios, con una regulación de custodia compartida para los menores, se ha observado una excesiva judicialización de conflictos, lo cual incide en calidad de vida de las familias y especialmente sobre los menores.

El Coordinador de Parentalidad adquiere importancia en aquellos casos en los que existe un conflicto prolongado tras la separación (dificultades adaptativas, conductas agresivas físicas y verbales y un comportamiento hostil o alienante de los menores), o cuando se han aplicado otras medidas sin éxito, como las derivaciones a terapia familiar, mediación o puntos de encuentro familiar (PEF), cuando no logran acabar con los problemas entre los padres, lo cual además supone un gran coste en intervenciones.

Procedimiento en Coordinación de Parentalidad:

El Juzgado delimita las facultades específicas y la duración del plan de Coordinación de Parentalidad (La intervención del coordinador suele tener una duración de entre 12 y 18 meses).

El profesional puede ser elegido por las partes en consenso. Sin embargo, el juzgado puede suprimir la facultad de elección de los padres a un profesional de su elección y derivarlos a un Coordinador de Parentalidad, designado por el equipo técnico.

El Coordinador de Parentalidad ejerce diferentes funciones:
  • Participa activamente en el proceso de reestructuración familiar.
  • Atiende a aspectos como pautas de convivencia, educación u otros problemas cotidianos en el seno familiar.
  • Ayuda a los padres a resolver sus disputas y les impulsa a construir estructuras que faciliten la paz familiar.
  • Toma decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial (previo consentimiento de las partes y/o del Juzgado).
  • Evaluar y revisar las evaluaciones de otros profesionales, resoluciones judiciales, ordenes de protección, y, en general, acceso a informes e información médica, psicológica, académica, de los
    niños y adultos.
  • Concertar sesiones con los hijos.
  • Entrevistas a miembros de la familia extensa.
  • Contactar con los abogados cuando lo considere necesario para su tarea y colaborar con ellos.
  • Acceder al expediente judicial y obtener una copia de los documentos legales necesarios.
  • Derivar a programas específicos o profesionales: escuela de padres, cursos de gestión de las emociones, programas de violencia de género, psiquiatra, psicólogo/a, etc.
  • Ayudar a implementar, modificar o mediar las disputas en los convenios reguladores o medidas adoptadas en resolución judicial en relación a los hijos.
  • Educar sobre temas de comunicación y gestión de conflictos, desarrollo infanto-juvenil, impacto del
    divorcio y del conflicto parental en los hijos, etc.
  • Gestionar los conflictos y promover la comunicación entre progenitores.
  • Coordinar entre los diversos profesionales y sistemas involucrados.
  • Pedir una sesión con el juez y los padres, presentar sugerencias al juez y recomendar sanciones.
  • Si se le otorga capacidad de toma de decisiones al coordinador cuando no hay acuerdo entre progenitores, decidir según los términos acordados en la resolución judicial.

En España, las iniciativas en Coordinación de Parentalidad, arrojan resultados esperanzadores y apuntan hacia una justicia de calidad sensible con los problemas de las familias en proceso de reestructuración. (Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona con el juez Pascual Ortuño, Juzgados de Sabadell en 2012, Juzgados en Valencia en 2017)

Fundamentación Jurídica de la figura del Coordinador de Parentalidad:
  • Artículo 158.4 del Código Civil: “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:  En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
    Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un
    procedimiento de jurisdicción voluntaria.”
  • Además, en la Comunidad Valenciana rigen las normas generales:
    • Artículo nº 5.5 de la Ley 5/2011, de custodia compartida, permitía articular medidas de tutorización o monitorización del cumplimiento de los acuerdos derivados de la sentencia. Esta Ley fue declarada nula por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara que nuestra Comunidad autónoma no tiene competencias para legislar en materia civil.

La actitud no colaborativa de los padres puede acarrear consecuencias negativas sobre su propio proceso judicial.

 

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