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Coordinación de Parentalidad

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Coordinación de Parentalidad

El Coordinador de Parentalidad es una nueva figura, que funciona como un recurso de auxilio judicial orientado exclusivamente a la defensa del interés del menor (esta figura se conoce también como el «abogado de los niños»)

En los últimos años, debido al incremento significativo de separaciones y divorcios, con una regulación de custodia compartida para los menores, se ha observado una excesiva judicialización de conflictos, lo cual incide en calidad de vida de las familias y especialmente sobre los menores.

El Coordinador de Parentalidad adquiere importancia en aquellos casos en los que existe un conflicto prolongado tras la separación (dificultades adaptativas, conductas agresivas físicas y verbales y un comportamiento hostil o alienante de los menores), o cuando se han aplicado otras medidas sin éxito, como las derivaciones a terapia familiar, mediación o puntos de encuentro familiar (PEF), cuando no logran acabar con los problemas entre los padres, lo cual además supone un gran coste en intervenciones.

Procedimiento en Coordinación de Parentalidad:

El Juzgado delimita las facultades específicas y la duración del plan de Coordinación de Parentalidad (La intervención del coordinador suele tener una duración de entre 12 y 18 meses).

El profesional puede ser elegido por las partes en consenso. Sin embargo, el juzgado puede suprimir la facultad de elección de los padres a un profesional de su elección y derivarlos a un Coordinador de Parentalidad, designado por el equipo técnico.

El Coordinador de Parentalidad ejerce diferentes funciones:
  • Participa activamente en el proceso de reestructuración familiar.
  • Atiende a aspectos como pautas de convivencia, educación u otros problemas cotidianos en el seno familiar.
  • Ayuda a los padres a resolver sus disputas y les impulsa a construir estructuras que faciliten la paz familiar.
  • Toma decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial (previo consentimiento de las partes y/o del Juzgado).
  • Evaluar y revisar las evaluaciones de otros profesionales, resoluciones judiciales, ordenes de protección, y, en general, acceso a informes e información médica, psicológica, académica, de los
    niños y adultos.
  • Concertar sesiones con los hijos.
  • Entrevistas a miembros de la familia extensa.
  • Contactar con los abogados cuando lo considere necesario para su tarea y colaborar con ellos.
  • Acceder al expediente judicial y obtener una copia de los documentos legales necesarios.
  • Derivar a programas específicos o profesionales: escuela de padres, cursos de gestión de las emociones, programas de violencia de género, psiquiatra, psicólogo/a, etc.
  • Ayudar a implementar, modificar o mediar las disputas en los convenios reguladores o medidas adoptadas en resolución judicial en relación a los hijos.
  • Educar sobre temas de comunicación y gestión de conflictos, desarrollo infanto-juvenil, impacto del
    divorcio y del conflicto parental en los hijos, etc.
  • Gestionar los conflictos y promover la comunicación entre progenitores.
  • Coordinar entre los diversos profesionales y sistemas involucrados.
  • Pedir una sesión con el juez y los padres, presentar sugerencias al juez y recomendar sanciones.
  • Si se le otorga capacidad de toma de decisiones al coordinador cuando no hay acuerdo entre progenitores, decidir según los términos acordados en la resolución judicial.

En España, las iniciativas en Coordinación de Parentalidad, arrojan resultados esperanzadores y apuntan hacia una justicia de calidad sensible con los problemas de las familias en proceso de reestructuración. (Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona con el juez Pascual Ortuño, Juzgados de Sabadell en 2012, Juzgados en Valencia en 2017)

Fundamentación Jurídica de la figura del Coordinador de Parentalidad:
  • Artículo 158.4 del Código Civil: “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:  En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
    Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un
    procedimiento de jurisdicción voluntaria.”
  • Además, en la Comunidad Valenciana rigen las normas generales:
    • Artículo nº 5.5 de la Ley 5/2011, de custodia compartida, permitía articular medidas de tutorización o monitorización del cumplimiento de los acuerdos derivados de la sentencia. Esta Ley fue declarada nula por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara que nuestra Comunidad autónoma no tiene competencias para legislar en materia civil.

La actitud no colaborativa de los padres puede acarrear consecuencias negativas sobre su propio proceso judicial.

 

Diferencia entre patria potestad y custodia

Por un lado, la patria potestad consiste en los derechos y obligaciones que la Ley confiere e impone a los padres sobre los hijos menores de edad no emancipados. La patria potestad es irrenunciable.

Estos derechos comprenden velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, procurarles educación y formación integral. Representarles y administrar sus bienes.

La regulación legal de la patria potestad se recoge en el Código Civil, bajo la rúbrica de las relaciones paternas filiales, en el título VII, en los artículos 154 al 171, en relación con el artículo 90 apartado A, del mismo texto Legal. Guarda y Custodia, a favor de los hijos/ hijas, es el cuidado cotidiano de los hijos por sus progenitores.

Por otro lado, la  Guarda y Custodia es la tenencia material y física del menor, puede ser monoparental o compartida:

Es monoparental si se otorgarse a favor de uno de los progenitores. En este supuesto se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor, en aras a garantizar sus funciones, de mantener el vínculo y la relación de los niños/as.

Es Compartida entre ambos progenitores a favor de los hijos/as, como consecuencia de la cesación de la vida en común de sus progenitores, y erigiéndose como único criterio legal para su atribución el principio del interés superior del menor que debe guiar la actuación de los Tribunales y de todos los operadores, que intervienen en la ruptura parental.

La regulación legal de la custodia se recoge en el Código Civil, artículos 90 y 92 como normativa común. Y en aquellas Comunidades Autónomas que han desarrollado un derecho Civil propio se rigen por su normativa en primer orden.

En la fijación de la custodia, debe atenderse los siguientes factores la edad de los hijos, el arraigo social y familiar, la opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente juicio, y en todo caso, si son mayores de 12 años, con especial consideración a los mayores de catorce años, la aptitud y voluntad de los progenitores, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres, y cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.

Diferencia entre Plan de Parentalidad y Convenio Regulador

El plan de Parentalidad forma parte del Convenio Regulador. El plan de parentalidad es un instrumento para concretar la forma en la que ambos progenitores piensan ejercer sus responsabilidades parentales, el cual va incorporado a la demanda de separación o divorcio. Es la parte más importante de los Convenios reguladores, se encuentra totalmente implantado en la Comunidad Catalana, encontrándose su regulación en el libro II del Código Civil Catalán.

El Convenio Regulador, es un documento suscrito entre los cónyuges de común acuerdo, en los procesos de separación y divorcio, fijando los efectos que conlleva su ruptura , en relación a los hijos, la patria potestad, el régimen de guarda y custodia, el domicilio familiar, las pensiones de Alimento, compensatoria y liquidación del régimen económico. El documento es preceptivo en los procesos judiciales de separación y divorcio instados de común acuerdo o a instancia de uno de los cónyuges con el consentimiento del otro. Su contenido se regula en el artículo 90 del Código Civil. Su validez requiere la aprobación judicial.

Diferencia entre pensión de alimentos y gastos ordinarios en casos de custodia compartida

Tras la separación es habitual el establecimiento de una prestación alimentaria a favor del cónyuge que no puede sufragar los gastos derivados de su manutención y una prestación para el levantamiento de cargas familiares, pero una vez se produce el divorcio no es posible la pensión de alimentos a favor del otro cónyuge, porque extinguido el parentesco que otorga el matrimonio se extingue también la prestación alimentaria ya que tiene como origen y fundamento la familia. Una vez se produce el divorcio, entra la pensión compensatoria.

El deber de prestar alimentos alcanza a los hijos menores de edad, y a los mayores en periodo de formación y que carezcan de ingresos propios, que les permita una vida económica independiente.

Su regulación legal se recoge en los artículos 142 al 153 del Código Civil en relación con el artículo 90 apartado D y artículo 93 del mismo texto Legal.

Los Gastos ordinarios se dividen en usuales y no usuales:

  • Gastos ordinarios usuales, gastos incluidos en la pensión de Alimentos destinada a cubrir las necesidades comunes, vestido, ocio, educación (AMPA, matricula, seguro escolar, aula matinal, material, transporte y comedor), incluidos los universitarios en centro públicos.
  • Gastos ordinarios no usuales, son las actividades extraescolares, deportivos, música, baile , Informática, idiomas, campamentos, cursos de verano, fiestas de cumpleaños y otras celebraciones, gastos colegios/Universidad privadas, postgrados, colegios universitarios. Estos gastos deben ser consensuados y por escrito, y a falta de acuerdo abonarse de forma unilateral por quien haya tomado la decisión, sin perjuicio de que pueda ejercitarse con carácter previo la acción prevista en el artículo 156 del Código Civil , si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad.

Por otro lado, los Gastos extraordinarios, son aquellos, que tengan carácter excepcional, imprevisible y necesario y adecuado a la capacidad económica de ambos progenitores, serán sufragados por mitad, y siempre que medie previa consulta del progenitor custodio al no custodio sobre la conveniencia o necesidad del gasto, salvo supuestos excepcionales y urgentes en que ello no sea posible. La descripción anterior de gastos ordinarios y extraordinarios, lo es sin perjuicio de lo expresamente pactado entre los progenitores, y regulado de manera específica en el Convenio Regulador o Plan de Parentalidad.

¿Qué sentido tiene su establecimiento?

La pensión de alimentos se establece para sufragar las necesidades del alimentista (el menor o el excónyuge). En el caso de que la pensión de alimentos sea a favor del excónyuge persigue la finalidad de intentar paliar el desequilibrio económico que pueda sufrir tras el divorcio o separación.

Los gastos ordinarios en la custodia compartida se establecen para sobrellevar los gastos de la vida ordinaria del menor custodiado.

Aspectos que mayor conflictividad pueden generan en una pareja que rompe de forma contenciosa

Diferentes estudios han situado entre el 5% y el 12% el porcentaje de familias que mantienen niveles de conflicto muy altos tras los primeros años de divorcio.

Estas parejas hacen uso de los juzgados para mantener en auge sus conflictos, suponiendo así una gran carga económica para los progenitores y manteniendo una percepción de la pareja como un enemigo.

Los niños que más sufren las diferentes etapas del divorcio, son aquellos que, aparte de confrontar la ruptura familiar, tienen que vivir con el constante conflicto de los padres, que perduran incluso después del divorcio. La peor parte de esta situación es la posición en la que se encuentran los menores, ya que se encuentran constantemente en el centro del conflicto de los padres.

Un ejemplo claro en el que se ve el fracaso de este tipo de padres es que, a pesar de estar interesados totalmente por sus hijos, pierden el norte con ellos por culpa del impacto de la crisis conyugal. Esta dificultad que tienen para resolver los conflictos hace que tengan que buscar aliados, la mayoría de veces entre sus hijos, provocando así que los menores queden atrapados en este conflicto.

Existen diferentes tipos de conflictos en los casos de separación y divorcio, algunos ejemplos son:

  • Los conflictos que surgen por la luchar por la custodia, el régimen de visitas, el pago de las pensiones…
  • Conflicto de lealtades, en la cual los hijos se sienten presionados por los padres para posicionarse a favor de uno y en contra del otro.
  • Conflicto por la ausencia de un progenitor, pudiendo llegar a ser de varios años.
  • Conflictos de invalidación, en los que un progenitor acusa al otro de malos tratos

Por todo esto, el papel de Coordinador de Parentalidad va dirigido a familias en las que existe un gran conflicto persistente post-divorcio, el cual se manifiesta por:

  • Necesidad de castigar al otro progenitor
  • Percepción de que el otro no es un buen progenitor
  • Una intensa hostilidad, interacciones agresivas y centradas en la co-parentalidad
  • Denuncias mutuas por incumplimiento del plan de parentalidad
  • Cuando existen impedimentos en la relación entre uno de los progenitores y los hijos
  • Casos en los que ha podido haber violencia familiar o de género

Dificultades de adaptación al divorcio

La separación o el divorcio son situaciones que sin duda, requieren un proceso de adaptación para los miembros que componen la familia. La alianza familiar, entendida como el modo de afinidad o unión conyugal, sean de dos personas con unidas por vínculo matrimonial o no, se ve desquebrajada.

El proceso de separación o divorcio, como regla general, es un proceso acompañado de conflictos sobre la separación de bienes, domicilio familiar, la modalidad de custodia de los hijos menores y un sinfín de cuestiones. Cuando existe una gran hostilidad, ira, desprecio y agresividad en el conflicto, éste presenta una mayor amenaza para los hijos (Grych, 2005).

Los divorcios conflictivos inciden en el estado de ánimo de los progenitores, lo cual afecta negativamente en la crianza de los hijos y a su estado emocional. En algunos casos es posible que estos conflictos provoquen dificultades de adaptación en los niños, lo que puede afectarles de forma negativa. “El conflicto elevado entre padres divorciados afecta de dos formas al bienestar de los hijos: en primer lugar, de manera indirecta, a través de su impacto sobre ciertas variables mediadoras –lo que, a su vez, influye en la adaptación de los menores–; y, en segundo lugar, de manera directa, mediante la propia exposición de estos a las disputas de sus padres.” Grych (2005).

Por el contrario, los niños no suelen verse afectados por el conflicto si lo perciben “de forma calmada, respetuosamente y que acaba siendo resuelto de forma efectiva” (Grych, 2005).

También dependiendo en qué fase de divorcio nos encontremos, y del momento evolutivo de los hijos cuando se produce la ruptura, los menores sufrirán unas u otras dificultades y/o afectaciones.

 En los meses siguientes a la ruptura de los padres, la mayoría de los niños sufren algún tipo de afectación o problemas psicológicos, como ansiedad, depresión, y problemas en las relaciones sociales.

Cuando los niños empiezan a comprender la situación, y a ser conscientes de lo que va a suponer el divorcio de sus padres en sus vidas, a muchos de ellos les implica una mejor adaptación. Por el contrario, si los niños no llegan a entender la situación o no quieren asumirla,  la mayoría sienten tristeza, miedo al abandono, enfado, sentimientos de lealtad, sentimientos de soledad, de culpa, de negación, suplantación e hiperresponsabilidad, regresión, problemas académicos, problemas del sueño, problemas de alimentación. En los casos más conflictivos, pueden acabar sufriendo trastornos de la personalidad.

La exposición continua del menor a las disputas entre sus padres, es un factor incidente en la aparición de patologías psicológicas. Los menores que se encuentran inmersos en esta situación manifiestan altos niveles de estrés cuando tienen que tratar con ambos padres.

Camara y Resnick (1988) observaron que el uso de violencia verbal en la resolución del conflicto por parte de los padres provoca que los menores “se muestren agresivos, presenten problemas a la hora de cooperar con otros niños, tengan menor autoestima y manifiesten problemas externalizantes de conducta” (Ellis, 2000, pp. 44).

 Además, en ocasiones los padres, a favor de intereses propios y sin tener en cuenta las implicaciones de sus actitudes frente a los hijos, pueden imponerles, de forma más o menos encubierta, la obligación de elegir entre uno de los progenitores, tratando de formar alianzas con su hijo contra su expareja con la finalidad de suprimir vínculos con el otro progenitor. En este caso, si los menores deciden seguir manteniendo el contacto con ambos es cuando surge el denominado conflicto de lealtades.

 Estas situaciones llevadas al extremo es lo que se denomina como Alienación Parental, cuando el hijo se alía fuertemente con uno de los padres, rechazando la relación con el otro sin justificación alguna. En estos casos los menores presentan altos niveles de culpabilidad y ansiedad. El Síndrome de Alienación parental suele producirse cuando el hijo, cansado de encontrarse en medio del conflicto entre sus padres, decide quedarse al margen, decantándose por uno de ellos (Bernet et al., 2010).

 Es importante evitar al máximo la exposición de los menores tanto a comentarios negativos por cualquiera de las partes, como a los procedimientos judiciales y resultados que se desprendan de éstos, o su contenido. No solo es perjudicial, sino que obliga a los menores a tener que adaptarse a ellos cuándo su maduración y desarrollo no les permite hacer una valoración de los mismos.

“Cuanto más atrapados en el conflicto se sienten los hijos, estos se distancian en mayor medida de sus padres” (Buchanan et al., citado en Ellis, 2000).

Por otra parte, un gran número de investigaciones han tratado de estudiar la relación entre el contacto frecuente entre los hijos y sus padres y el ajuste de los primeros. Pero existe una gran controversia al respecto, y poco se sabe aún acerca de la relación existente entre estos dos factores (Marin, 2010).

 Se ha encontrado que son especialmente perjudiciales para la infancia aquellas disputas de los progenitores centradas en ellos (Hetherington, 1999; Cummings, Initals, GoekeMorey & Papp, 2001, citado en Marin, 2010), tales como las que aluden al régimen de custodia o de visitas. En estos casos, los menores suelen sentirse culpables al pensar que la única razón por la que sus padres discuten es por ellos mismos, llegando a considerarse responsables de la resolución de esta situación (Grych, 2005).

También son comunes entre ellos los remordimientos, así como el miedo a verse atrapados en el conflicto (Ellis, 2000).

Como vemos, en la gran mayoría de los procesos de separación y divorcio, el bienestar y ajuste psicológico de los menores se ve afectado por la relación que pasa a tener con sus progenitores tras la ruptura.

Los divorcios conflictivos inciden en la calidad de las relaciones paterno-filiales, hecho que puede incidir en el estado psicológico actual y futuro del menor. Resulta importante la forma que tienen los progenitores a la hora de manejar el conflicto y gestionar los cambios que se van a producir tras el proceso de separación o divorcio.

 Los estudios científicos demuestran que existe una correlación entre la separación o el divorcio de los padres y una disminución significativa de bienestar en los hijos y en su ajuste psicológico. Por ello, debemos fomentar la psicoeducación y la mediación entre los progenitores, así como la figura del coordinador de parentalidad.

Ventajas y desventajas del coordinador de parentalidad

El coordinador de parentalidad ejerce un rol altamente especializado para intervenir con efectividad en familias con altos niveles de conflicitividad y trata de minimizar el conflicto interparental, en beneficio del/s hijo/s y de los progenitores. La experiencia de la figura del coordinador de parentalidad en otros países (y en los proyectos piloto en nuestro país) se ha mostrado como un modelo útil en la reducción y resolución de conflictos en los juzgados de familia.

Una de las ventajas de la figura del Coordinador de parentalidad, es que los propios jueces, mediante resolución judicial, pueden imponer la derivación de los progenitores a estos profesionales. Las familias altamente conflictivas o litigiosas no acceden a mediación o terapia familiar entre otros motivos, porque son procesos voluntarios.

Los divorcios con alto nivel de conflictividad plantean grandes problemas a los profesionales de la justicia a la hora de garantizar plenamente el derecho de los menores a crecer en un ambiente familiar libre de disputas, y adecuado a su nivel de desarrollo.

Sin duda, las disputas entre progenitores ponen a los menores en riesgo, incidiendo en las relaciones parentales. Por ello el coordinador de parentalidad resulta tan importante en los casos en que los propios progenitores no son conscientes del problema.

El Coordinador de parentalidad lleva a cabo un seguimiento con las familias, lo cual supone un punto clave cuando los miembros de la familia se encuentran atrapados en un conflicto crónico.

Además de que los divorcios altamente conflictos “saturan” los tribunales de justicia, suponen un elevado coste social, y para la propia familia en todos los gastos que conlleva un proceso

 judicial (abogados, procuradores, peritos, etc…). El coordinador de parentalidad resulta una alternativa mucho más económica y más asumible para las partes.

Además, el coordinador de parentalidad actúa como auxiliar de los agentes jurídicos, debiendo informar al tribunal en los casos que detecte situaciones de maltrato o de violencia de género.

Otra de las ventajas es que según demuestran los estudios, aumenta el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas por el juez mediante resolución judicial.

Otro de sus beneficios es que las partes en este proceso, no se sienten evaluadas como ocurre en una evaluación pericial psicológica.

Como desventajas, podríamos señalar que los coordinadores de parentalidad se encuentran en determinados casos con limitaciones, en situaciones en las que los progenitores presenten una resistencia al cambio o un alto nivel de conflicto, o cuando presenten alguna patología o posibles adicciones… por ello sigue resultado necesaria una intervención multidisciplinar en este tipo de casos.

Aspectos relevantes de las directrices de la AFCC

La AFCC, en su documento del año 2005 en la página www.afccnet.org ofrece las directrices para las buenas prácticas en coordinación de parentalidad.

En mi opinión, ofrece algunas directrices muy similares a las del Código Deontológico del psicólogo, como es lógico y natural, ya que el Coordinador de parentalidad ejerce funciones similares en la mayoría de las ocasiones, y tratamos con los mismos usuarios.

La directriz que me parece más importante porque es la que en mayor medida refleja la definición de esta figura es la Directriz VI, la cual versa: “El/la CP debe ayudar a las partes a reducir los conflictos perjudiciales y a promover el mejor interés de los niños en base a las funciones y rol profesional del/la CP.

A. El/la CP tiene una función de evaluación. El/la CP debería revisar la evaluación sobre la guarda o tenencia, o cualquier otro informe relevante, las resoluciones judiciales provisionales / provisorias o definitivas, la información obtenida de entrevistas con los progenitores y los/as niños/as y cualquier fuente colateral, resoluciones judiciales de protección en casos de violencia doméstica, y en cualquier otro caso en vigor que implique agresiones, violencia doméstica o abusos a menores e informes escolares; y debe analizar los impedimentos y los problemas expuestos por las partes.

B. El/la CP tiene una función educativa. El/la CP debería educar a las partes con respecto al desarrollo del menor, estudios sobre el divorcio, el impacto de su comportamiento sobre los/as niños/as, las destrezas parentales y las destrezas de comunicación y resolución de conflictos. El/la CP puede entrenar a las partes con respecto a estas cuestiones.

C. El/la CP tiene una función de coordinación/gestión del caso. El/la CP debería trabajar con los profesionales y sistemas implicados con la familia (esto es, cuidados de salud mental, cuidados sanitarios, servicios sociales, educación, servicios legales) y también con la familia extensa, el padrastro/la madrastra y otras personas significativas del sistema familiar.

D. El/la CP tiene una función de gestión de conflictos. La función primordial del/la CP es ayudar a las partes a resolver los desacuerdos relativos a los/as hijos/as para minimizar el conflicto. El/la CP puede emplear destrezas de resolución de conflictos tomadas de las prácticas y principios de la negociación, la mediación y el arbitraje. Para ayudar a los progenitores a reducir los conflictos, el/la CP puede supervisar las comunicaciones respecto a las quejas sobre conducta no profesional presentadas por los progenitores descontentos con sus decisiones como CP. intercambiadas por los progenitores por fax, correo electrónico o correspondencia escrita y sugerir formas más productivas de comunicación que pongan coto a los conflictos entre las partes. Para proteger a las partes y a los/as niños/as en los casos de violencia doméstica que impliquen poder, control y coerción, el/la CP debería adaptar las técnicas para evitar que surjan oportunidades para más coerción.

E. El/la CP tiene una función de toma de decisiones. Si los progenitores no son capaces de tomar decisiones o resolver sus disputas por sí mismos, se autorizará al/la CP a tomar decisiones en la medida descrita en la resolución judicial o a preparar informes y realizar recomendaciones al juzgado para su consideración de cara al futuro. El/la CP debería comunicar sus decisiones puntualmente en persona o por fax, correo electrónico o teléfono. En el caso de decisiones orales, deberá emitirse oportunamente una versión escrita de las mismas.

F. El/la CP no debe ofrecer consejo legal”

Además de esta directriz, la imparcialidad y la obligación del CP de informar a los progenitores sobre la duración del proceso, y la cuantía de sus honorarios.

El plan de coordinación de parentalidad

Se trata de un proceso no contencioso centrado en las necesidades de los hijos/as en el que el coordinador de parentalidad ayuda a los progenitores a reducir la conflictividad y a implementar el plan de parentalidad, identificando los obstáculos para su cumplimiento y realizando las modificaciones de la forma consensuada por los progenitores.

El CP como vehículo de contacto entre progenitores trabaja a tres niveles:

  1. Estableciendo y manteniendo una forma funcional de intercambio de información entre progenitores.
  2. Ayudándoles a resolver disputas con técnicas de mediación.
  3. Coordinando con otros sistemas externos a la familia.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  traduce la definición de la AFCC (Association of Family and Conciliation Courts) de coordinación de parentalidad como «un proceso alternativo de resolución de disputas centrado en los niños/as en virtud del cual un/a profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver oportunamente sus disputas, ofreciéndoles psicoeducación con respecto a las necesidades de sus hijos/as y –previo consentimiento de las partes y/o del juzgado– tomando decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial, o por el acuerdo de designación del coordinador de parentalidad».

Fases del proceso de coordinación de parentalidad:

La American Psychological Association (APA, 2010) describe 4 fases en el programa de coordinación de parentalidad surgido del proyecto piloto de la APA: Inicial, Implementación, Mantenimiento y Final. Pero evidentemente, existe una fase previa de preparación.

0: FASE PREVIA: Designación y preparación del proceso:

Los progenitores pueden llegar a la coordinación de parentalidad por la vía judicial o por la vía privada. Habría que tener en cuenta si podemos aceptar el encargo y en ese caso, mantener contacto con los abogados de ambas partes.

1: FASE INICIAL:

Tiene una duración de dos meses aproximadamente, con unas 6-8 sesiones. La frecuencia suele ser semanal.

En esta fase se informa del servicio, los beneficios y normas. Se construye una relación con los progenitores comprendiendo y validando sus preocupaciones. Y a la vez se desarrolla un plan de trabajo identificando los conflictos y estableciendo objetivos realistas, el plazo para lograrlo y las tareas centradas en el mejor interés de los niños/as (APA, 2010). En las primeras sesiones es muy importante que el nuevo rol profesional quede bien claro, así como lo que se espera de cada progenitor y de qué forma se comunicarán entre ellos y con el CP.

En esta primera fase y, posteriormente, a la sesión inicial es recomendable seguir con sesiones individuales con cada progenitor con un doble objetivo:

  1. Trabajar la relación con los progenitores, será importante transmitir confianza, es decir, establecer y mantener una alianza de trabajo con ambos progenitores, para fomentar y facilitar su cooperación en el proceso. Se escucha y se validan sus preocupaciones, se transmite comprensión. Entender sus razones no implica que se les justifique ni que se les dé la razón, eso les debe quedar claro.
  2. Recogida de información sobre la vivencia de la separación, la evolución de los conflictos y su percepción sobre las necesidades de los hijos.

En estas primeras sesiones ambos objetivos se incardinan, ya que en las sesiones individuales cada progenitor tiene su espacio para expresarse sobre la historia de la pareja y sobre la ruptura

2: FASE DE IMPLEMENTACIÓN:

La fase de implementación tiene una duración de unos 12 meses, aproximadamente. Esta fase se centra en llevar a cabo el plan de trabajo trazado.

Conviene que las sesiones estén muy estructuradas y dirigidas a identificar los problemas y buscar soluciones en el mejor interés de los hijos. Se trabaja en sesiones individuales o conjuntas de los progenitores y también con los niños.

Otras técnicas utilizadas en esta fase incluyen: charlas psicoeducativas, técnicas de coaching, modelaje de comunicación efectiva, servir de enlace entre progenitores sobre temas académicos de los hijos/as (APA, 2010).

Durante esta fase se realizarán:

  1. Trabajo de las emociones.
  2. Sesiones psicoeducativas.
  3. Trabajo sobre la comunicación.
  4. Se trabajarán las competencias parentales.
  5. Se realizarán sesiones para la gestión del conflicto.

3: FASE DE MANTENIMIENTO:

En la fase de mantenimiento, el CP prepara a los progenitores para mantener el progreso logrado con el objetivo de poder funcionar sin su ayuda. La frecuencia de las sesiones suele ser quincenal o mensual (APA, 2010). Puede durar hasta un año, dependiendo de la resolución judicial, retos y necesidades (D’Abate, 2013).

4: FASE FINAL DEL PROCESO:

Los progenitores ya pueden funcionar sin la ayuda del CP. Si se requiere judicialmente, se realiza un informe detallado con los objetivos, progreso, los temas tratados y acuerdos, los problemas pendientes de resolución y recomendaciones.

En esta fase se emite un informe de finalización al juzgado detallando la situación inicial, los objetivos propuestos, los temas tratados, la intervención, los acuerdos alcanzados y aquellos objetivos cumplidos. En ocasiones no se consiguen mejoras significativas y se acaba emitiendo un informe, meramente informativo, señalando los asuntos pendientes de resolución y realizando recomendaciones y/o propuestas.

Respecto a los informes que emite el C.P., hay que tener en cuenta que en algunas resoluciones judiciales se pueden pedir informes periódicos (en ese caso la recomendación es realizarlos intentando que no comprometan la continuidad de la intervención).

El C.P. puede emitir un informe extraordinario siempre que ocurra una circunstancia, o detecte algún aspecto relevante que considere que es de suficiente entidad como para ponerlo en conocimiento del juzgado de forma urgente. En este tipo de informes se pueden realizar recomendaciones, si así se estima oportuno.

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